Este cambio legislativo permitirá que las casas de estudio incluyan a todos los integrantes de sus respectivas comunidades educativas en las definiciones institucionales, terminado con la limitación al ejercicio de la autonomía.
En el Salón O’Higgins del Palacio La Moneda, se dieron cita diversas autoridades vinculadas a la educación, encabezados por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, la subsecretaria de la cartera Valentina Quiroga, parlamentarios como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Karol Cariola, representantes del Colegio de Profesores, así como de otros organismos, como el Instituto de Derechos Humanos y la Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, entre otros, para que la máxima autoridad nacional firmara el proyecto de ley que permitirá que las universidades terminen con la prohibición que impide que estudiantes y funcionarios administrativos participen -con derecho a voto- en los órganos encargados de la gestión o dirección de las Instituciones de Educación Superior y en las elecciones de sus autoridades.
En Chile, 13 de las 16 universidades estatales cuentan con una normativa interna dictada durante los años ’80, dos de ellas son la de Santiago y la de Valparaíso. Por ello, estas casas de estudios superiores buscan establecer una organización y estructura moderna y democrática, que les posibilite una gestión institucional eficaz, que les permita desenvolverse en un sistema de educación superior complejo y con diversas y altas exigencias a nivel nacional e internacional. Por tratarse de universidades públicas, sus normas fundamentales son de rango legal.
Una vez publicada la presente ley, en un plazo máximo de tres meses, los rectores de ambas casas de estudio deberán presentar al ministerio de Educación un proyecto del nuevo estatuto orgánico o de modificaciones del vigente, indicando: forma de gobierno, estructura académica y administrativa esencial, procedimientos para crear, modificar o suprimir su estructura académica, planes, programas y carreras, para modificar sus plantas de personal o las normas para fijar las remuneraciones, entre otros aspectos.
