La participación democrática considera a las y los integrantes de la comunidad educativa como sujetos de derecho, esto implica que todas y todos tienen derechos y responsabilidades de acuerdo a su rol y características personales (MINEDUC, 2019). En la medida en que los establecimientos educacionales dialoguen y reflexionen sobre las oportunidades de participación que poseen y que podrían generar, las posibilidades de construir en comunidad una escuela democrática son mayores (Aravena et al., 2019).
Esta escuela democrática busca asegurar el derecho a la educación de todas las personas de su comunidad, trabajando sobre la generación de condiciones y prácticas educativas para avanzar en torno a dos ejes: la valoración y el rescate de las diversidades; y la eliminación de toda forma de discriminación. En este contexto, la formación ciudadana y la educación para la vida democrática deben permear todos los espacios educativos, y pasar de ser un plan declarativo, a una práctica transversal y cotidiana.
Para lograr una participación democrática se requiere forjar una relación de colaboración y de diálogo al interior de las comunidades, basada en la confianza.
Por ello, se necesita generar diagnósticos y análisis participativos y que las comunidades educativas tengan incidencia efectiva en las políticas educativas a nivel de cada establecimiento y en donde los Consejos Escolares tengan un rol protagónico y deliberativo.
Dichas instancias de diálogo se deben traducir, por ejemplo, en mecanismos de consulta y validación mediante la participación directa a través de diferentes vías. Esto nos desafía a repensar la gestión escolar desde este enfoque.
